La conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, hoy 10 de octubre, convocada por las entidades ASCASAM, Centro Hospitalario Padre Menni, Fundación Acorde y Proyecto Hombre Cantabria, ha concentrado hoy en la plaza del Ayuntamiento de Santander a autoridades, entre ellas, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y la delegada del Gobierno, Ainoa Quiñones, que han intervenido junto a la presidenta, la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta, y representantes de asociaciones que trabajan en la atención a personas con enfermedad mental, además de usuarios y ciudadanía en general.
Los organizadores han leído una proclama en la que, de acuerdo con la reivindicación de este año ‘Salud mental, salud mundial: un derecho universal’, han instado a instituciones, agentes sociales, sociedades científicas, profesionales de salud, y sociedad en su conjunto «no consideren las medidas coercitivas como tratamientos ni como parte del proceso terapéutico» y que «de manera urgente se tienda hacia ‘cero contenciones’ y la erradicación del uso de la coerción de naturaleza física, química o emocional».
Paralelamente han reclamado «más recursos para desarrollar medidas alternativas desde el enfoque de los derechos humanos» y «cambiando el paradigma actual por un modelo comunitario basado en la recuperación y en la promoción de la autonomía de las personas».
Además, han propuesto que se «humanicen los instrumentos y se garantice una intervención especializada centrada en la persona, confiable y empática» y se garantice el «ejercicio de la capacidad jurídica, el sistema de apoyo, el derecho a la información y a tomar las propias decisiones sobre su vida».
Salud Mental, una política de estado
Durante el acto, además cuatro usuarios de ASCASAN, Centro Hospitalario Padre Menni, Fundación Acorde y Proyecto Hombre, han leído un manifiesto en el que han reclamado la «realización» de sus derechos que «pueden empezar desde el vínculo más cercano hasta el barrio, el pueblo, la ciudad y, por fin, las naciones».
«En este punto, la salud mental dejará de ser un gesto para convertirse en una conducta, en una política de Estado», han señalado a la vez que han reclamado al Estado «trabajar por una toma de conciencia de los problemas asociados a la salud mental», «procurar un futuro habitable para los niños y niñas» y «garantizar la libertad y seguridad de las personas, así como su protección ante tratos degradantes».
